En el año 2005, se creó en el seno del Ministerio de Justicia una Sección especial ÍNDICE SISTEMÁTICO I. PRELIMINAR. II. LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO. FORMA Y EFECTOS III. EL STATUS JURÍDICO DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. PRESENTE Y POSIBLE FUTURO IV. BIBLIOGRAFÍA Índice sistemático IV. EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN CIVIL V. INTERVENCIÓN DEL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL. VI. BIBLIOGRAFÍA
de la Comisión General de Codificación cuya misión era elaborar un borrador
de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Comisión no llegó a concluir sus trabajos
habida cuenta los cambios producidos en la titularidad del Ministerio, si bien
formuló una propuesta articulada que acogía los principales aspectos del procedimiento
penal.
Cinco años más tarde se desconoce el destino que se dio a aquellos trabajos,
si los mismos duermen en un cajón condenados al olvido o si se entregaron a
las diferentes comisiones creadas por los Ministros que sucesivamente han ocupado
aquel sillón o las constituidas en otras instituciones del Estado. Lo cierto es que
una parte de los miembros de aquella Comisión han considerado positivo dar a conocer
el contenido de algunas de aquellas propuestas con la finalidad de abrir un
debate público acerca de ellas, ya que, a día de hoy, lo único que se sabe con certeza
es que tampoco se promulgará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en
esta legislatura y que todo seguirá en esa suerte de indefinición legal que tanto favorece
a un determinado tipo de delincuencia.
Tal vez sea porque la ley procesal penal incide directamente en sujetos
cuya impunidad se garantiza en mejor medida con una situación compleja o por
simple irresponsabilidad, es lo cierto que nos seguimos, y parece que por mucho
tiempo, seguiremos rigiéndonos por una ley decimonónica, completada con una
jurisprudencia oscilante y excesivamente fragmentaria, como es propio de su naturaleza
y más o menos proclive en sus planteamientos a la garantía o la represión
según la clase de delitos y delincuentes imputados.
Es por ello por lo que el debate sobre un futuro proceso penal deviene imprescindible,
y de ahí esta obra, que se apoya en un borrador de anteproyecto, perdido
o ignorado, pero existente.
LA CONDICIÓN DE IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL.
FORMAS DE ADQUISICIÓN Y STATUS JURÍDICO QUE CONLLEVA.
IDEAS PARA SU REFORMA, por Verónica López Yagües.
1. La imputación penal. Naturaleza y clases. Su finalidad
2. Formas de manifestación de la imputación delictiva en la vigente LECrim. y en un hipotético nuevo texto procesal penal
2.1. La indicación, como responsable del delito, en la denuncia y querella con las que, de ordinario, se inicia el proceso
2.2. La comunicación de la existencia del proceso versus desarrollo de una investigación preliminar (secreta).
Una discutida propuesta de reforma
2.3. La sujeción de la persona a una medida cautelar
2.4. Con ocasión de la «citación para ser oído» (art. 486 LECrim., vigente) o en «supuestos en los que (el sujeto) haya de ser interrogado»
2.5. A partir del «procesamiento» u otra forma de imputación judicial definitiva, en el marco de la vigente LECrim. o, en la hipótesis de un nuevo texto procesal, la emisión en contra de un «decreto de imputación » por parte del fiscal.
Índice sistemático
2.6. Con ocasión de la práctica de una prueba anticipada o preconstituida
2.7. Su deducción de actuaciones de las que se derive una sospecha delictiva verosímil
2.8. A raíz de la presentación espontánea ante el fiscal, de quien se sabe investigado
2.9. Por razón de la reclamación que del sujeto realice un Tribunal internacional o extranjero.
1. Imputación penal y derecho de defensa
2. Los derechos del imputado. La configuración, a su favor, de un estatuto jurídico básico
2.1. El derecho a ser informado de la existencia y contenido de la imputación
2.2. Derecho a ser informado de los derechos que le asisten por la policía o el Ministerio Fiscal, desde su primera comparecencia o notificación
2.3. Derecho a designar abogado de confianza o de oficio
2.4. El derecho a la presencia del defensor durante el curso del interrogatorio o de actuaciones orales
2.5. Derecho a intervenir en el desarrollo de la investigación y a instar la práctica de diligencias de investigación y/o de actos de preconstitución o anticipación probatoria
3. El régimen de derechos que corresponde al imputado detenido o sometido a una medida cautelar privativa de libertad
3.1. El derecho a conocer las razones motivadoras de su privación de libertad
3.2. El derecho a dar a conocer, a la persona que desee, el hecho de la detención y el lugar en el que se halla custodiado
3.3. El derecho a no permanecer detenido más allá de 24 horas y a que su privación de libertad pueda ser revisada por una autoridad judicial.
Índice sistemático
3.4. El derecho a ser reconocido por un facultativo médico
4. Derechos del imputado en relación con el interrogatorio
4.1. Derecho a conocer la existencia y contenido de la
imputación, y los elementos o fuentes de prueba sobre los que se apoya
4.2. El derecho a prestar declaración y a no colaborar en su propia punición, como manifestación del ejercicio de su propia defensa
4.2.1. El derecho a prestar declaración o a ser escuchado
4.2.2. El derecho a entrevistarse reservadamente con su defensor antes de dar inicio al interrogatorio y a contar con su presencia durante el desarrollo de la diligencia
4.2.2.A) El derecho a la entrevista reservada
4.2.2.B) El derecho a contar con la presencia del defensor en todo interrogatorio al que venga sujeto
4.3. El derecho a recibir asistencia de intérprete
4.4. El derecho a guardar silencio y a no confesar contra
sí mismo ni su participación en los hechos
4.4.1. El derecho a guardar silencio
4.4.2. Derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesar su participación en los hechos
4.4.3. El derecho a la no colaborar activamente en el desarrollo de las actuaciones
4.4.4. El derecho a la última palabra
5. Garantías arbitradas a favor del imputado en el interrogatorio al que viene sujeto. Breve referencia.
LA ACCIÓN POPULAR, por Virtudes Ochoa Monzó
I. EL CUESTIONADO MANTENIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR
II. EL MONOPOLIO DE LA ACCIÓN PENAL
III. ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN POPULAR. BREVE
REFERENCIA
IV. ACUSACIÓN POPULAR Y ACUSACIÓN PARTICULAR
V. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL ACTOR POPULAR EN LA ACTUALIDAD.
LÍNEAS GENERALES
VI. PRESENTE Y FUTURO DE LA ACCIÓN POPULAR. LAS FUTURAS
LÍNEAS DE REFORMA DE LA ACCIÓN POPULAR
1. La realidad actual
2. Las futuras líneas de reforma de la acción popular. Reflexiones
y propuestas de lege ferenda
VII. REFLEXIÓN FINAL
VIII. BIBLIOGRAFÍA
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL
EN EL PROCESO PENAL, por Belén Rizo Gómez
I. MARCO GENERAL DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
II. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO COMO PRINCIPIO QUE INFORMA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
III. ÁMBITO SUBJETIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
1. Órgano jurisdiccional
2. Legitimación para ejercer la acción civil en el proceso penal
2.1. Legitimación activa
2.2. Legitimación pasiva.
1. Restitución de la cosa
2. Reparación del daño
Índice sistemático
3. Indemnización de los perjuicios
4. Otras pretensiones.
SOBRE EL FISCAL INSTRUCTOR Y LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO, por Olga Fuentes Soriano
I. INTRODUCCIÓN
II. LA CONVENIENCIA DE OTORGAR AL MINISTERIO FISCAL LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
III. EL REDISEÑO DE ALGUNAS FASES PROCESALES
1. La fase instructora: investigación preliminar e investigación previa
2. La fase intermedia
IV. LA IGUALDAD DE PARTES EN EL PROCESO PENAL
1. El derecho de defensa
2. El derecho a la asistencia letrada
V. BIBLIOGRAFÍA
LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO:
SU NECESARIA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ACTUAL, por Carmen Durán Silva
I. INTRODUCCIÓN
II. AUTORIDAD COMPETENTE Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ADOPTAR LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO
III. LOS DISTINTOS FINES PERSEGUIDOS CON LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO
IV. LA AUSENCIA DE UN CATÁLOGO DE DELITOS EN LA LECRIM
V. LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR ENTRE EL DOMICILIO PROTEGIDO POR EL DERECHO FUNDAMENTAL Y AQUELLOS DOMICILIOS PROTEGIDOS POR OTRA CLASE DE DERECHOS
VI. LOS SUPUESTOS LIMITADORES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
1. Consentimiento del «morador»
2. Entrada y registro realizado por la policía judicial
2.1. La importancia una regulación diferenciada
2.2. El contenido del atestado
2.3. La necesidad de sustitución del concepto flagrante
delito por el concepto de urgencia
VII. LA ENTRADA Y REGISTRO ACORDADA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL
1. La competencia
1.1. Competencia judicial y delegación de su ejecución
1.2. Competencia judicial internacional
2. El auto habilitante
2.1. El contenido del auto: especial referencia a la importancia de incluir los datos identificativos del titular
2.2. El contenido del auto: insuficiencia de motivación en el supuesto de la remisión a los oficios policiales
3. Los sujetos: la diferenciación entre interesado y sujeto pasivo ante la posibilidad de que dichas figuras no recaigan sobre la misma persona
4. Entrada domiciliaria en el marco de la criminalidad organizada
5. El registro
5.1. Los sujetos intervinientes en el registro como garantía para que alcance valor de prueba anticipada
5.2. Desarrollo del registro: especial mención al factor temporal, a la evitación de inspecciones inútiles y al decomiso
5.3. El registro de libros y papeles
5.4. Medidas de vigilancia antes y durante el registro
VIII. LOS DESCUBRIMIENTOS CASUALES
IX. PRÁCTICA POR LA POLICÍA JUDICIAL DE ENTRADA Y REGISTRO EN LUGARES SIN LA CONSIDERACIÓN DE DOMICILIO
X. LA ENTRADA Y REGISTRO EN LOS TEMPLOS Y LUGARES RELIGIOSOS
XI. BIBLIOGRAFÍA
ALGUNAS PROPUESTAS PARA REGULAR LA INVESTIGACIÓN DEL CIBERCRIMEN, por Mercedes Fernández López
I. EL CIBERCRIMEN
II. PROBLEMAS DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
1. Jurisdicción
2. Competencia
III. LA FASE DE INVESTIGACIÓN
1. El acceso a equipos informáticos
2. El acceso a las comunicaciones electrónicas
3. Medios especiales de investigación de la pornografía infantil.
IV. BIBLIOGRAFÍA
LA REFORMA DEL SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES, por José María Asencio Mellado
I. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN VIGENTE. PUNTO DE PARTIDA
II. LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA PROPUESTA DE REFORMA
III. NORMAS GENERALES
IV. LOS PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
V. LA DETENCIÓN
VI. LA INCOMUNICACIÓN DE DETENIDOS Y PRESOS
VII. LA PRISIÓN PROVISIONAL
1. La excepcionalidad
2. La duración de la prisión provisional
VIII. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
1. La fianza
2. La prisión atenuada 3. Otras medidas cautelares alternativas
4. Relación de medidas alternativas
5. El decomiso cautelar
6. Reglas de aplicación y cumplimiento de las medidas alternativas
IX. LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
X. NORMAS PROCEDIMENTALES
XI. MEDIDAS CAUTELARES REALES
XII. TEXTO DEL BORRADOR DE LA LECRIM.
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. EL SOBRESEIMIENTO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD REGLADA, por Carmen Cuadrado Salinas
I. INTRODUCCIÓN
II. LEGALIDAD VERSUS OPORTUNIDAD
III. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO «DISCRECIONALIDAD»
IV. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE ARCHIVO DE LA ACUSACIÓN POR RAZONES DE OPORTUNIDAD AL MINISTERIO FISCAL: CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL CONSEJO DE EUROPA
V. RAZONES A FAVOR DE LA INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL
1. Razones de interés público y de economía procesal
2. Razones de justicia social, material y de evitación de la reincidencia
3. Razones derivadas de la superpoblación carcelaria
VI. MEDIDAS ALTERNATIVAS: SOBRESEIMIENTO CONDICIONAL POR RAZONES DE OPORTUNIDAD Y FÓRMULAS DE MEDIACIÓN
1. Sobreseimiento condicional. Regulación en Derecho comparado
1.1. Cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales del imputado y con el principio de proporcionalidad
2. Fórmulas de mediación
VII. PROPUESTAS LEGE FERENDA DE INTRODUCCIÓN DEL SOBRESEIMIENTO
POR RAZONES DE OPORTUNIDAD REGLADA
VIII. BIBLIOGRAFÍA
REFLEXIONES ACERCA DE LA JUSTICIA NEGOCIADA EN EL FUTURO PROCESO PENAL ESPAÑOL, por Yolanda Doig Día.