La puesta en funcionamiento de nuevos medios técnicos en la tramitación del proceso penal es el objeto de estudio de la presente monografía, pues su desarrollo es susceptible de perturbar un procedimiento especialmente garantista para el justiciable. El correcto engarce entre una mayor eficiencia en el procedimiento judicial y el necesario respeto de los derechos del imputado es el punto crítico sobre el que ha de girar cualquier reforma en este ámbito.