La percepción de que vivimos en una economía del conocimiento ha convertido en prioritaria la pregunta por los métodos de investigación y aprendizaje. En esta economía, de carácter preponderantemente inmaterial, donde el conocimiento y la información se erigen en mercancías de consumo, adquieren una gran importancia los procesos de información y comunicación mediante internet, por donde discurre actualmente todo tipo de relaciones humanas. La interconexión que generan estas tecnologías permite también considerar la producción de información y conocimiento como una empresa colectiva, es decir, como una actividad en la que participa de manera formal o informal, institucionalizada o no, cualquier individuo de cualquier parte del planeta. Tales transformaciones producen una alteración en las relaciones de poder, que se refleja en la inversión de la jerarquía de los saberes y en el cuestionamiento del papel de las universidades en la formación para el empleo y como generadora de conocimiento útil, en la medida en que se pueda explotar económicamente y producir beneficios.
Como otros estudios superiores, también los estudios jurídicos están llamados a adaptarse a las exigencias de esta nueva economía, lo que no ocurre de forma espontánea sino que requiere, a su vez, que los Estados realicen cambios en su política educativa pero también en su política económica. De esta forma, la política, la economía y el método de conocimiento jurídico (teórico o práctico, investigador o dirigido al aprendizaje), quedan interconectados en un tipo de relaciones cuyos retos y servidumbres son analizados por los trabajos que se recogen este volumen.