Esta obra pretende recuperar las tradiciones ilustrada y codificadora, que consideraban que la principal misión de los juristas era asegurar la racionalidad de las leyes. Con ese propósito el autor atiende a la actual práctica legislativa penal, describiendo bajo un modelo secuencial sus características y las carencias de racionalidad que presenta. A continuación hace una detenida propuesta sobre los contenidos de racionalidad, estructurados en cinco niveles, que debería satisfacer toda decisión legislativa penal. Prosigue el estudio con el desenvolvimiento del primero de los niveles, el de la racionalidad ética, donde encuentran acogida los valores determinantes de toda política criminal. Concluye el trabajo con la identificación del criterio que habrá de marcar la pauta en el desarrollo de los subsiguientes niveles de racionalidad.
En esta segunda edición se añaden contenidos que permiten progresar en la comprensión de la dinámica legislativa y en el control de la racionalidad legislativa penal.
De este modo, la monografía aspira a sentar las bases para una ciencia de la legislación penal que permita sacar a las leyes penales del coyunturalismo que ahora padecen y reintegrarlas al campo del debate racional.
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