El objetivo de este trabajo es analizar los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, para intentar detectar aquellos supuestos en los cuales sus disposiciones, bien contradicen directamente el marco constitucional, bien han legitimado al legislador, dado su lenguaje ambiguo y susceptible de múltiples interpretaciones, para un desarrollo legal posterior que conceda privilegios injustificados a la Iglesia católica o, con carácter general, para que esta reciba de los poderes públicos un trato incompatible con el marco constitucional.
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