Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (la Ley de acceso), la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos es un derecho de los ciudadanos y una obligación correlativa para las Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central de la Ley de acceso. En esta obra se analiza, de una forma práctica y operativa, el contenido de esta ley y de su Reglamento (el Real Decreto 1671/2009).