La pérdida de investidura es en Colombia una institución que ya cumple veinte años. Introducida por la Constitución de 1991 ha demostrado su eficacia. Tanta que no han sido pocos los intentos por reformarla. Pasadas dos décadas, es hora de examinarla en la perspectiva de lo que ha ocurrido y en forma comparativa con la experiencia de otros congresos.