Argumento de Moros y Cristianos: Versos para el no Olvido de Una Guerra Innecesaria
Encuadernación: Rústica
La ciudadanía española es victima del terror, no importa el color de las ideas, y el poder político lo consigue enterrando la Verdad, amparados en la injusticia. Empleando un lenguaje discriminatorio con el objeto de definir el terrorismo (ETA), respecto de otro que silencia para aplicarlo la justicia y reparación a todas las victimas del terror producidas por el golpe contra el estado, y para con sus hijos y nietos, también rebeldes en sus sentencias militares y delincuentes civiles. Y ello sucede por cuanto, primero, por el poder político se defiende la continuidad constitucional del régimen franquista por herencia; segundo, ese poder es una enfermedad psíquica por ostentar el poder, y por esa razón la clase política no se siente molesta por inventar extrañas identidades ajenas al pensamiento moral y filosófico de los ideales de la democracia y valores humanos, vigentes desde la Revolución Francesa: Solidaridad, Igualdad y Fraternidad. Hombres y mujeres desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial se permiten secuestrar, la soberanía popular, con su Constitución, impidiendo el reconocimiento a las víctimas la aplicación a los hechos el Derecho Internacional, demandado, primero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Universales (1949), esto es, la derogación de la Ley de Amnistía y la de Memoria Histórica por cuanto nunca fue delito, durante la etapa fascista de este país y ahora, desde su continuidad transicional, los derechos fundamentales a la libre expresión de las ideas, la reunión y asociación, juzgados por el fascismo, primero como rebelión militar (asombroso), luego por el Código Penal (bochornoso). Pero sucede que todavía, mediante un lenguaje perverso y cicatero, se siguen violando hoy en día, por decisiones políticas y judiciales, esos derechos a las victimas que ya lo eran el 17 de julio de 1936, se confirmaron por la ONU en 1949, a toda la población española, menos para los golpistas y sus herederos.1
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