Esta nueva Ley, que entra en vigor el 11 de diciembre de 2011, aporta como principal novedad la ampliación y clarificación del ámbito objetivo de conocimiento de la jurisdicción social que asume competencia, hasta ahora, en materias residenciadas en otros órdenes jurisdiccionales, destacando, entre otras muchas, las relativas a impugnaciones de resoluciones administrativas en caso de EREs de todo tipo (extintivos, de suspensión temporal o reducción de jornada) , y del grueso de las impugnaciones de las sanciones administrativas de las que entendía la jurisdicción contencioso-administrativa.
En segundo lugar, se articulan una serie de medidas dirigidas a la agilización del trámite procesal que afectan principalmente a:
- Las partes en el juicio en relación a su capacidad, legitimación y representación procesal.
- Acumulación de acciones y procesos.
- Numerosos cambios en relación a los actos procesales.
- Evitación del proceso.
- Principios del proceso y deberes procesales.
- En el proceso ordinario se observan grandes cambios, en primer lugar, por la inclusión de un nuevo procedimiento y cambios sustanciales en relación a las medidas cautelares, y de forma muy destacada en torno al examen y práctica de la prueba.
- También sufren modificaciones muy importantes las diversas modalidades procesales especiales.
- Se modifican la regulación de los recursos que desde el 11-12-2011 deberán interponerse según las nuevas normas establecidas para la suplicación o la casación.
- También se aprecian muchos cambios en relación a la ejecución de sentencias.
En definitiva, una obra práctica y técnicamente rigurosa de consulta imprescindible para todos los operadores jurídicos que actúan en el ámbito social y que necesiten ponerse al día sobre las consecuencias prácticas de esta reforma normativa.
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