La preocupación por esta situación, especialmente patente en las pequeñas y medianas empresas, en gran medida dependientes del crédito a corto plazo y con evidentes limitaciones de tesorería, se plasmó en la Ley 3/2004, dictada en aplicación de una Directiva europea del año 2000. Ley recientemente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, cuya novedad más importante es la prohibición expresa de períodos de pago a proveedores superiores a 60 días.
Pocos meses después de publicada la Ley 15/2010, se aprobó una nueva Directiva por la que se introducen cambios sustantivos en la regulación europea para combatir la morosidad. La Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero, deberá ser incorporada al Derecho de los Estados miembros antes del 16 de marzo de 2013. Una obligación que se limita a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE y que no impide que los Estados miembros mantengan o establezcan disposiciones más favorables para el acreedor.
En suma, la lucha contra la morosidad presenta múltiples aspectos y cuenta con un marco jurídico complejo. De esta importante y, a la vez, actual cuestión se ocupa la presente obra, fruto del esfuerzo conjunto de varios miembros de nuestro Consejo Editorial LA LEY, que afronta el estudio de la morosidad desde diferentes ámbitos, abarcando sus aspectos civiles, fiscales o procesales, así como su incidencia en el sector público o en el entorno económico de las empresa
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