En efecto, el régimen jurídico legalmente previsto piensa en su protección. A través de su repatriación para reagruparlos en origen con sus familias o por medio de su permanencia en España cuando esto no es posible, en función siempre del principio de superior interés del menor.
Hasta ahora se trataba de una opción legislativa acuñada casi como dogma de fe, pues no se había estudiado en profundidad si en realidad se trata de una opción libre del legislador democrático o, por el contrario, estamos ante una imposición constitucional.
En esta monografía se aborda el marco constitucional de posibilidades de la inmigración juvenil para averiguar, con la mirada puesta en la incisiva jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si existen restricciones a la expulsión de menores extranjeros y, en ese caso, con qué alcance y de qué naturaleza.