También es objeto de estudio la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y su normativa de desarrollo.
Dicha normativa, por una parte, ha establecido numerosas obligaciones técnicas a los proveedores de la Administración General del Estado, CCAA y Ayuntamientos, y sus respectivos sectores públicos dependientes, entre las que destaca la obligación de facturar electrónicamente desde 15 de enero de 2015, y por otra, ha diseñado novedosos procedimientos administrativos –casi revolucionarios– para la tramitación de las facturas –en papel o electrónicas– como la creación de un Punto general de entrada de facturas electrónicas o de un registro contable de facturas.
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