El Deber de Imparcialidad en el Ejercicio de la Función Pública (derecho de la Ciudadanía)

Argumento de El Deber de Imparcialidad en el Ejercicio de la Función Pública (derecho de la Ciudadanía)

En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al comportamiento desviado de los poderes públicos –políticos- que no reconocen su propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y patrimonializada , absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en definitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy constituye la segunda preocupación de los españoles.

Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas medidas jurídicas –que no son invenciones- para preservar más efectivamente la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o escenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los derechos de los ciudadanos.

Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamientos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública profesionalizada, imparcial e independiente.

En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente por quienes primeramente están llamados a cumplirlo –los políticos- en quienes el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.0