La aparición del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o CPP en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 ha supuesto una revolución silenciosa en la forma de hacer de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inmenso potencial de este nuevo contrato no se ha visto desplegado en su totalidad por diferentes motivos que, en la mayoría de los casos, se escapan de una argumentación racional en toda regla. Descubriremos, pues, qué se esconde detrás de una figurigura jurídica tan desconocida como interesante y daremos algunas razones para situar al CPP en el lugar que le corresponde.
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