En su condición de mecanismo independiente de seguimiento de ese tratado internacional en España, el CERMI elabora anualmente un informe general de situación, que se nutre de las quejas y denuncias de vulneraciones de derechos recibidas o registradas, de las investigaciones y encuestas realizadas a propia instancia y de la revisión de toda la información relevante disponible en relación con la calidad y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
En el informe correspondiente al año 2016, se comprueba la persistencia de violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos por parte de los poderes públicos y las autoridades que no han sido corregidas después de 10 años de la adopción del tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y de ocho de vigencia en España.
Privación del derecho de voto, educación segregada, ausencia de entornos accesibles, institucionalización forzada, inexistencia de apoyos efectivos para la vida independiente y la inclusión en la comunidad son solo algunas de las fallas con más carga vulneratoria que señala y documenta el informe sobre la situación en España en 2016.
Con este Informe, son ya ocho los estudios anuales realizados y publicados consecutivamente por el CERMI sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo que supone la mayor y más prolongada indagación efectuada en España sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.