El libro se divide en tres partes claramente diferenciadas que prácticamente pudieran constituir tesis individuales. Una primera donde aborda el escasamente tratado tema de la delincuencia electoral. La carencia de una jurisprudencia y doctrina consolidada sobre la materia hace que su aportación tenga un especial valor para servir de guía en un ámbito sumamente sensible no ya a los operadores jurídicos, sino a la ciudadanía en general. La segunda parte desarrolla una teoría completa, valiente y coherente, sobre uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una vez sentados los principios fundamentales de las dos instituciones, centra la atención en la síntesis de ambos conceptos respecto de un tipo de personas jurídicas en particular: los partidos políticos.
Partiendo de un análisis exhaustivo de la regulación actual, el autor desarrolla dos propuestas de lege ferenda: que se otorgue a los partidos políticos el mismo tratamiento que a las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, frente a las cuales sólo es posible la imposición de multa o la intervención judicial; y que se incorporen los denominados «delitos electorales» en el catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas.
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